Tratados de libre comercio y conflicto en Colombia

Tratados de libre comercio y conflicto en Colombia

Por CENSAT, 31-10-14

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Las últimas movilizaciones populares en Colombia no responden a una problemática coyuntural, sino que surgen de la resistencia a factores estructurales en los que los tratados de libre comercio desempeñan un papel clave.

Durante 2013, tuvo lugar una de las movilizaciones populares más fuertes de los últimos 20 años en Colombia. Además del paro nacional agrario y popular de agosto

y septiembre, durante el año se vivieron movilizaciones indígenas y campesinas, paros regionales y marchas en todo el país, a las que se sumaron trabajadoras/es, estudiantes y organizaciones sociales de diferentes sectores, que contaron con el respaldo de la población en general, ante la respuesta represiva por parte del ejército y la policía —que dejó un saldo de 21 muertos en las carreteras colombianas— y la negativa del gobierno a negociar las demandas de las organizaciones populares.

A pesar de que el paro terminó después de dos meses de movilización continua, la resistencia frente al modelo económico no sólo no culminó con el paro, sino que se fortaleció e intensificó, en la medida en que las organizaciones populares de diversos sectores —étnicos, sindicales, de transportes, salud, educación, entre otros— continuaron en un proceso de denuncia a los acuerdos incumplidos, y de articulación y construcción de propuestas de acción, que tuvo uno de sus momentos más importantes en marzo de 2014 con la realización de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Ésta materializó ocho puntos de acuerdo intersectorial e interétnico que posteriormente fueron presentados a la mesa de negociación instalada por decreto presidencial, presionada por un nuevo paro nacional en el mes de mayo y por los afanes reelectorales de la segunda vuelta presidencial, en la que Juan Manuel Santos resultó nuevamente elegido como presidente de Colombia.

Las demandas presentadas durante los dos paros levantados en menos de un año, y los puntos de acuerdo de la histórica confluencia interétnica e intersectorial de la Cumbre Agraria, demuestran que no se trata de una problemática coyuntural sino que, por el contrario, es el resultado de problemas estructurales del modelo productivo primario exportador, del sistema político y de la propiedad de la tierra; conflictos que se han intensificado especialmente en los últimos años a partir de la entrada en vigencia en 2011 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá y, en 2012, con Estados Unidos. Casi simultáneamente con las primeras movilizaciones del paro agrario, el 1 de agosto de 2013 comenzó la implementación provisional del TLC UE-Colombia, el segundo comprador de las exportaciones colombianas y tercer proveedor de importaciones al país.

“Las demandas demuestran que no se trata de una problemática coyuntural sino que es el resultado de problemas estructurales.”

Si bien las resistencias expresan el rechazo a un conjunto de factores estructurales, tienen en común la defensa del territorio frente a su acaparamiento por parte de los capitales nacionales y transnacionales y a la financiarización de la tierra y la naturaleza a través de un modelo económico, político y militar que favorece la concentración de la propiedad de la tierra, la producción agroindustrial frente a la campesina y promueve la extracción del patrimonio natural para la satisfacción de las demandas de energía y minerales a nivel mundial.

En este contexto, los tratados de libre comercio constituyen un paso clave en la profundización de este modelo de acumulación por despojo, en el cual la política económica y social toma el carácter de un acuerdo internacional y, con ello, su cumplimiento e implementación están determinados por convenios con terceros países o bloques de países, como Estados Unidos, la Unión Europea o Canadá. Al comprometerse a liberalizar los mercados de bienes, servicios y capitales, a desregular el mercado interno y a proteger las inversiones extranjeras, el Estado asume también el compromiso de poner la política interna al servicio de las necesidades de los mercados internacionales y del capital transnacional.

Una muestra de ello se encuentra en el conjunto de transformaciones estatales y garantías jurídicas que se han entregado en las últimas dos décadas a las corporaciones trasnacionales para la explotación del patrimonio natural colombiano, a través de la política minero-energética, principalmente. Al mismo tiempo, y en coherencia con los compromisos asumidos en el marco de los TLC posteriormente, el Estado ha renunciado a la responsabilidad de regularlas y hacerlas responsables, a pesar de que se trata de empresas que en algunos casos actúan criminalmente, hecho por el que han sido llevadas ante tribunales internacionales. En efecto, en ciertos casos, estas empresas no respetan los derechos laborales, ocasionan desplazamientos forzados de comunidades enteras, empobrecen las zonas mineras, destruyen territorios, contaminan fuentes de agua y generan conflictos socio-ambientales en sus áreas de influencia.

Los grandes proyectos para los que se han adaptado las leyes (como el Código de Minas, y las declaratorias de utilidad pública e interés general para la minería y las represas) y las instituciones (en donde se ha debilitado el accionar del Estado para la exigibilidad de licencias ambientales y la expedición de títulos mineros, por ejemplo) no han podido funcionar adecuadamente. Esto se explica principalmente por la negativa social a la entrada de estos emprendimientos y por las resistencias que han hecho oposición férrea a la destrucción territorial, conscientes de la nula posibilidad de encadenamientos laborales, de condiciones adecuadas para salvaguardar el ambiente en el que se desarrolla la vida de la población y con la certeza histórica de la destrucción que han generado los emprendimientos mineros y de grandes represas en otras zonas del país, en donde ya tienen más de tres décadas de conflictos socio-ambientales.

“Los tratados de libre comercio constituyen un paso clave en la profundización del modelo de acumulación por despojo.”

Sólo por mencionar algunos ejemplos, europeas como El Cerrejón (BHP Billington, Glencore Xtrata, Anglo Gold), Unión Fenosa, Nestlé, Aguas de Barcelona y Prodeco han sido denunciadas ante el Tribunal Permanente de los Pueblos1 por violaciones de los derechos humanos y de la naturaleza.

A través de un discurso nacional de la minería como motor del desarrollo, que se complementa con la extensión de acuerdos comerciales con los países de origen de las empresas mineras, se plantea la idea de convertir al país en un enclave de extracción minera, con la consecuente reprimarización de la economía que esto implica, la pérdida de las zonas más productivas y la desagrarización de un campo que se vislumbra sin campesinos.

En coherencia con ello, la producción campesina de alimentos para el consumo interno se torna una actividad económica inviable en la medida en que la creciente competencia de productos importados a partir de los TLCs —en la mayoría de los casos subsidiados—, los altos costos de los insumos agrícolas y la deficiente estructura para el transporte de los productos generan condiciones que favorecen el consumo de productos importados frente a los nacionales, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y la economía campesina. Entre enero y diciembre de 2014, por ejemplo, la importación de productos primarios de la UE se incrementó en un 67%, mientras que las exportaciones aumentaron sólo en un 29,3%.

Se trata entonces de un conjunto de políticas encaminadas a la desagrarización del campo para garantizar las condiciones necesarias para la acción del capital transnacional a nivel territorial y el incremento de sus beneficios. Frente a dicha corporativización de la política pública, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes se han organizado en defensa del territorio y la vida, como se expresa en el histórico acuerdo interétnico e intersectorial de la Cumbre Agraria. Entre los ocho puntos de dicho acuerdo,2 tiene un lugar central la demanda por políticas agrarias que promuevan las formas tradicionales y populares de tenencia de la tierra y producción agrícola, el rechazo al modelo minero energético, la exigencia de renegociación y cancelación de los tratados de libre comercio como expresión de un modelo económico de despojo y, finalmente, la necesidad de continuar y dar seguimiento a las negociaciones por el fin del conflicto armado con los múltiples actores armados y sociales del país.

* Este artículo recoge elementos desarrollados en Colombia y TLC, entre la movilización y el conflicto, publicado por el Trasnational Institute y CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia el mes de septiembre de 2014.

* Lyda Forero y Danilo Urrea son integrantes del Trasnational Instititute y CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, respectivamente.

Foto: Cumbre Agraria, CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia

Notas

1. El Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar los crímenes de empresas europeas en América Latina se llevó a cabo entre 2006 y 2010, a partir de un esfuerzo conjunto de la Red Birregional Europa – América Latina “Enlazando Alternativas”. El veredicto se puede leer: aquí.

2. Pliego de exigencias de la Cumbre Agraria: aquí.

source: CENSAT