El futuro del comercio electrónico y los derechos digitales

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El futuro del comercio electrónico y los derechos digitales

Por Pablo Viollier y Giorgio Jackson | 19-1-18

El problema que queremos resaltar es que no es posible promover el comercio electrónico sin promover además los derechos fundamentales de las personas a las que está dirigido. Hoy, en algunos países, Facebook y Google concentran el 85% del mercado. Todavía no podemos medir los efectos sociales, económicos y políticos de este hecho. Sin embargo, las reglas que se están discutiendo en distintos tratados internacionales reafirman y potencian esta realidad, en vez de cuestionarla y desafiarla. Es por ello que la participación de la sociedad civil, la academia, las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto en esos foros se vuelve más importante que nunca.

La creación y expansión del acceso a internet ha revolucionado la forma en que nos relacionamos, hacemos negocios, aprendemos y nos comunicamos. También ha entregado a los gobiernos la capacidad de promover una mejor educación, una democracia más participativa y hacer más transparente su funcionamiento frente a la ciudadanía. No obstante, las reglas que a futuro regularán el ciberespacio se están fraguando cada día menos en los Congresos nacionales y cada vez más en tratados de libre comercio o en foros internacionales, los cuales constituyen espacios opacos, poco participativos y que operan a espaldas de la ciudadanía.

En una nueva camada de tratados comerciales –entre ellos TiSA, TPP, TPIP y las últimas rondas de negociación de la Organización Mundial de Comercio (OMC)–, la regulación del ciberespacio ha sido incorporada desde una perspectiva puramente empresarial. Así, se ha hecho costumbre: prohibir que la autoridad exija que los servidores de las plataformas que ofrecen servicios web operen en territorio nacional; impedir que los gobiernos puedan exigir que las empresas revelen el código fuente de sus programas; y promover el comercio electrónico a través de disposiciones que obligan a los países a permitir el flujo transfronterizo de datos personales, sin los adecuados resguardos a la privacidad de sus ciudadanos.

El acuerdo casi unánime en estas materias en los foros internacionales, discutidos sin participación de los legisladores, la sociedad civil y otros actores sociales relevantes, muchas veces pasa por sobre los derechos de los usuarios.

Chile participa constantemente de múltiples foros internacionales, entre los que se encuentran el Foro de Parlamentarios del Asia Pacífico (APPF) y el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC). En ellos se ha planteado la importancia de la nueva era digital, tomando en consideración el punto de vista de las grandes empresas, siguiendo la línea de los acuerdos impulsados por la OMC o los acuerdos de última generación. Ejemplo de ello es que la última declaración de la APEC incluye, en efecto, un plan de acción especial para enfrentar los cambios que está gestando la economía digital, pero desde una perspectiva que poco incorpora a las Pymes o los derechos de los usuarios.

Sin embargo, existe una serie de tópicos importantes sobre principios que, a la vez, promueven el comercio electrónico y los derechos de los usuarios, y que no se están discutiendo en estos foros. Cuestiones como el acceso a internet como derecho fundamental, la protección de datos personales y la consagración de la neutralidad de la red, la misma que el Gobierno de Trump acaba de echar por tierra.

Para entender el alcance e impacto que estas discusiones puede tener en el campo comercial, imaginen que un emprendedor chileno quiere exportar su portal de ventas en línea a Argentina, pero su competidor argentino llega a un acuerdo con las compañías de internet trasandinas para que estas hagan más rápido el tráfico en su plataforma y más lento en la del competidor chileno. En este ejemplo, la neutralidad de compañías de internet no existe y los derechos de los usuarios y las Pymes se ven restringidos.

El problema que queremos resaltar es que no es posible promover el comercio electrónico sin promover además los derechos fundamentales de las personas a las que está dirigido.
Hoy, en algunos países, Facebook y Google concentran el 85% del mercado. Todavía no podemos medir los efectos sociales, económicos y políticos de este hecho. Sin embargo, las reglas que se están discutiendo en distintos tratados internacionales reafirman y potencian esta realidad, en vez de cuestionarla y desafiarla. Es por ello que la participación de la sociedad civil, la academia, las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto en esos foros se vuelve más importante que nunca. En este caso, y como dice el dicho: no estar en la mesa equivale a estar en el menú.

source: El Mostrador