El ISDS en una peligrosa encrucijada

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S2B | 19 de febrero 2017

El ISDS en una peligrosa encrucijada

La globalización se encuentra en una peligrosa encrucijada. Uno de los caminos conduce a una mayor protección de los derechos humanos y el medio ambiente, y a la recuperación del espacio normativo para que los Gobiernos aborden el cambio climático, las desigualdades y otros problemas acuciantes de nuestros días. El otro lleva a que las grandes empresas tengan más derechos para intimidar a las autoridades competentes y hacerlas pagar cuando legislan en el interés de la mayoría, y no de unos pocos. El proyecto de la Comisión Europea de crear un mecanismo multilateral para la solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) —que se ha presentado al público como un ‘Tribunal Multilateral de Inversiones’— nos llevaría por ese segundo camino, ya que amenaza con blindar para siempre el controvertido sistema ISDS, que solo beneficia a las grandes empresas.

Cuando, en noviembre de 2015, la Comisión Europea presentó su propuesta de negociación sobre los derechos de los inversores extranjeros en el tratado de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión con los Estados Unidos (más conocido por su sigla en inglés, TTIP), anunció que “comenzará a trabajar con otros países para crear un Tribunal Internacional de Inversiones permanente”, que, con el tiempo, “llevará a que el ‘antiguo’ mecanismo ISDS [solución de controversias entre inversores y Estados] sea sustituido por un sistema moderno, eficaz, transparente e imparcial para la resolución internacional de diferencias en materia de inversión”.

Aquel fue —y sigue siendo— un intento mal disimulado de volver a legitimar los controvertidos derechos de los inversores en el TTIP y otros acuerdos comerciales con algunas reformas de carácter procedimental, que hacen que las demandas inversor-Estado sean más transparentes, más apelables y menos propensas a los conflictos de interés, pero que no remedian los problemas de fondo sobre los privilegios de los inversores. La protesta pública había obligado a la Comisión Europea a suspender las negociaciones sobre el capítulo dedicado a las inversiones en el TTIP y efectuar una consulta abierta sobre el tema. En ella, participó una cifra récord de 150.000 personas, de las que más del 97% se mostró en contra de los privilegios corporativos. La oposición surgía de un sector amplio y diverso, que abarcaba desde empresas y gobiernos locales y regionales a personas del mundo académico, los sindicatos y otros grupos de interés público. Y aún más personas, más de 3,5 millones de ciudadanos y ciudadanas, han firmado una petición contra el TTIP y el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá, el CETA, “porque incluyen partes tan cuestionables como un mecanismo para solucionar las controversias entre inversores y Estados... que representan una amenaza a la democracia y al Estado de Derecho”.

Desde que la Comisión Europea presentó su propuesta para el TTIP en 2015, su objetivo de establecer un mecanismo multilateral para la solución de controversias entre inversores y Estados se ha integrado en el CETA y en el acuerdo comercial de la UE con Vietnam; la Comisión se ha puesto en contacto y dialogado con otros países y partes interesadas en el tema; ha publicado varios informes para orientar el debate (algunos de ellos con el respaldo de Canadá); y ha puesto en marcha una consulta pública sobre la propuesta: un primer paso hacia el objetivo declarado de la Comisión de que los Estados miembros le otorguen el mandato necesario para negociar una convención por la que se establecería un mecanismo multilateral para la solución de controversias inversor-Estado en 2017.

En este contexto, la red Seattle to Brussels (S2B) ha desarrollado la posición siguiente.

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source: S2B