Fondo buitre británico financia demanda canadiense contra Costa Rica

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Fondo buitre británico financia demanda canadiense contra Costa Rica

Por Luis Alberto Laborda | 4-2-19

El frustrado proyecto de explotación minera en el yacimiento de oro de la mina Las Crucecitas, en Costa Rica, llevó a la empresa canadiense Infinito Gold, que encabezó la iniciativa, a presentar en 2014 una demanda por indemnización ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Con el auspicio de dicho ente, la minera pidió ser resarcida por 321 millones de dólares, en concepto de las pérdidas que le habría ocasionado la suspensión del negocio.

Sorpresivamente, el gobierno canadiense pidió hace 6 meses estar presente en las futuras sesiones del tribunal, cuando ya van 4 años de ese proceso y se presume que queda sólo un año para llegar a una resolución.

Rick Arnold, del Capítulo Northumberland del Consejo de los Canadienses, se comunicó con Infinito Gold, con el ministerio de Asuntos Globales y con el tribunal de arbitraje; en ninguno de los casos pudo conseguir información precisa, sobre los motivos por los que Canadá decidió pedir ser admitido como observador en esta instancia de las negociaciones, cuando lo habitual es tomar parte desde un primer momento.

Un dato relevante lo constituye el hecho de que, una vez que la minera decidió cerrar sus operaciones y retirarse del proyecto, en 2015, los tres socios minoritarios que decidieron seguir adelante con el reclamo frente al ente arbitral recibieron financiamiento de AVO Capital, un “fondo buitre” del Reino Unido que, en caso que la demanda prospere, se llevaría un tercio del resarcimiento.

En 2008, el entonces presidente costarricense Oscar Arias hizo una declaración de “conveniencia nacional” habilitando el proyecto, lo que contradijo las leyes vigentes en ese momento en su país, que impulsaban la preservación ambiental frente a emprendimientos comerciales como el de Infinito Gold, que implican la minería a cielo abierto. Tal decisión podría llevarlo ante los tribunales.

El fallo de la Corte Suprema de Costa Rica en 2010 suspendió la iniciativa sin que la misma pudiera llegar a concretarse realmente. La minera sólo alcanzó a realizar una tala de árboles que tenía como objetivo facilitar sus operaciones y que dejó un bosque del norte del país totalmente arrasado. La nación centroamericana reclamó una compensación de 10 millones de dólares por el daño causado, que hasta hoy no han sido abonados.

Para mayor confusión, Infinito Gold había pedido en un primer momento una compensación de 94 millones de dólares. Luego, esa suma se multiplicó llegando a los 321 millones que figuran en la demanda actual.

El 28 de enero, un pedido de informes fue presentado ante el Parlamento de Canadá, en un intento por clarificar alguno de los numerosos interrogantes que giran en torno al asunto.

Rick Arnold, del Capítulo de Northumberland del Consejo de los Canadienses, nos brinda más detalles en entrevista con Luis Laborda.

source: RCI