TLC Perú-EE.UU: Si la naturaleza no importa, quizás sí el bolsillo

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TLC Perú-EE.UU: Si la naturaleza no importa, quizás sí el bolsillo

Por Anthony Medina Rivas Plata | 8-1-19

Una historia bastante conocida entre los círculos de la alta política peruana fue la de la ‘renegociación’ de varios aspectos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos allá por el año 2006. Quien en ese momento se encontraba a cargo del equipo negociador peruano, el Embajador Eduardo Ferreyros[1], indicaba que en esa época ya había sido logrado un acuerdo bipartidista (con Congresistas Demócratas y Republicanos) para lograr la firma del TLC, lo cual se suponía que ya había sido asegurado con la reelección del Presidente George W. Bush el año anterior. Sin embargo, lograr la firma del TLC tomaría más tiempo. Luego de la victoria presidencial de Bush, las elecciones parlamentarias de noviembre de 2006 cambiaron la configuración de fuerzas políticas en el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, devolviendo ambas mayorías al Partido Demócrata. A nivel comercial, había muchas más afinidades entre lo que buscaba el equipo negociador peruano, que buscaba un marco legal estable que reemplazara al antiguo ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act) y ayudara a promover las inversiones extranjeras en el país; y el Partido Republicano, que veía con preocupación la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el ascenso de los gobiernos de la ‘nueva izquierda’ bolivariana liderada por Hugo Chávez.

Tres de los puntos del TLC que fueron cuestionados por la nueva mayoría demócrata de esa época era la relacionada con los derechos de propiedad intelectual y por supuesto, la protección del medio ambiente y de los derechos laborales. Si bien de un lado, los demócratas buscaron una flexibilización legislativa en materia de propiedad intelectual, en materia laboral y ambiental exigían estándares de protección más altos por parte del Perú. Como ha señalado Pablo de la Flor[2], si bien estos temas no formaban parte de la agenda de liberalización multilateral promovida al interior de la OMC, es cierto que los Estados Unidos han venido promoviendo estos aspectos dentro de su política comercial para evitar una dinámica de ‘carrera hacia el fondo’ (‘race to the bottom’)[3] con sus socios más pequeños, como Perú, que por lo general priorizan la atracción de inversiones extranjeras por encima de otras consideraciones de carácter social o medioambiental.

Para poder blindar el cumplimiento de estos acuerdos, las posteriores enmiendas al TLC permitieron que en el marco del mismo se pudiesen generar controversias en las cuales existiera la opción de suspender los beneficios del tratado si es que se veía que una de las partes dejaba de cumplir con sus compromisos en temas de protección laboral y de medio ambiente. Por supuesto, esta medida aludía más al Perú que a los Estados Unidos.

Nuestra Amazonía en riesgo

Tras casi diez años luego de la firma del TLC, parece que finalmente este mecanismo se pondrá en funcionamiento. Un reportaje internacional que involucró a seis medios de comunicación de América Latina (Ojo Público de Perú, El Espectador y Semana de Colombia, El Deber de Bolivia, Connectas de México e Infoamazonía de Brasil)[4] demuestra que la situación de la deforestación en la Amazonía es más grave de lo que pensaba[5], debido a la operación de auténticas mafias transnacionales que no tienen nada que envidiar a los poderosos cárteles del narcotráfico en nuestra región; teniendo como principales destinos de exportación a China y los Estados Unidos. Alrededor de diez compañías peruanas han venido exportando alrededor de 250 millones de dólares en madera proveniente de zonas protegidas de la Amazonía, generando una dinámica social de corrupción y violencia derivada de su enfrentamiento con líderes sociales y ecologistas de la zona.

Como señala el informe de Ojo Público, solo en Perú, entre octubre del 2017 y agosto de 2018, se identificó la extracción ilegal de 274 mil metros cúbicos de madera valorizada en más de 30 millones de dólares (lo que sería equivalente a la carga de 5 mil camiones). Esto se ha podido lograr a través de la falsificación de las papeletas de origen de la madera extraída; es decir, las empresas declaran que extraen la madera de zonas no protegidas, cuando en realidad sí lo hacen. Tras un reciente operativo realizado por Interpol y la Fiscalía Peruana en México, se logró determinar que el 81% de lo que se exporta proviene de áreas naturales prohibidas para su explotación.

Lo realmente grave del asunto es la ‘geoeconomía’ que involucra a estas redes criminales: Debido a que en el Perú la presencia del Estado es mucho menor que en la de países vecinos como Colombia o Brasil, las mafias de dichos países envían la madera obtenida ilegalmente a territorio peruano para lavarla y procesarla antes de enviarla fuera de Sudamérica. Según una base de datos elaborada por Ojo Público, en los últimos diez años han sido investigadas más de 8,000 personas por estar vinculadas a esta actividad ilícita.

Por todo ello, Estados Unidos ha decidido tomar cartas en el asunto, y su arma de política exterior para intervenir no pudo ser otra sino el TLC.

Para el gobierno, la prioridad es la inversión

Desesperado por la ralentización del crecimiento del PBI peruano en los últimos años, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski optó por la clásica y desfasada solución de los años 90’s: desregulación como vía para la atracción de inversión extranjera, y en consecuencia para el aumento del PBI. Como señala un reportaje del New York Times[6], en 2016 el gobierno despidió al jefe de OSINFOR[7] luego de que varias empresas madereras protestaran por los operativos de incautación de manera ilegal que venían realizando funcionarios norteamericanos y peruanos[8]. Asimismo, frente a la creciente presión de estas compañías (algunas de las más importantes son Bozovic S.A.C., Imk Maderas S.A.C. o Consorcio Maderero S.A.C.), el gobierno ha decidido actuar bajo la vieja premisa de que todo crecimiento económico por sí mismo equivale a desarrollo humano; lo cual es un paradigma ya superado en todo el mundo[9]. Desde la llegada de Kuczysnki al gobierno, la desprotección en aspectos sociales y ambientales, así como la desregulación para ‘destrabar’ inversiones extranjeras, no ha sido sino una excusa para evadir responsabilidades ya asumidas en diversos compromisos ya firmados, incluido el TLC. Si bien existe abundante evidencia empírica que demuestra que este tipo de soluciones ya no funcionan en el Perú[10], parece que nunca aprendemos. El gobierno actual tampoco ha manifestado un mayor interés por revertir la situación.

Lo que se viene

Como señala el reportaje del New York Times, funcionarios estadounidenses del Departamento de Comercio se preparan para un proceso que podría terminar en un arbitraje internacional frente a una corte del Centro Internacional para el Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI)[11]. Si esta corte detectara que hubo una negligencia en la aplicación de las políticas ambientales ya firmadas, el Perú podría ser el primer país del mundo en enfrentar sanciones económicas debido al incumplimiento de las normas de un TLC con los Estados Unidos.

La aplicación de sanciones económicas podría incluso incluir el corte de los beneficios arancelarios que el Perú obtuvo para nuestros productos como parte de la firma del TLC, lo cual afectaría severamente a todo el aparato económico peruano, desde nuestras grandes exportaciones mineras hasta nuestros pequeños productores agroexportadores e industriales. Al parecer, el gobierno de Donald Trump entiende bien que, si a los peruanos no nos importa nuestro propio medio ambiente, quizás entendamos mejor cuando empiecen a tocar directamente nuestros bolsillos. (*).

Politólogo y Magíster en Políticas Públicas. Profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa) e Investigador Asociado del Instituto de Estudios Políticos Andinos (Lima). Coordinador para América Latina de la International Associ

Notas

[1] Ferreyros, E. (2010). Palabras Preliminares. En: J. R. Perales y Morón, E. (2010). La Economía Política del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Washington D.C.: Wilson Center, pp. 5-9.

[2] De la Flor, P. (2010). Palabras Preliminares. En: Peral y Morón, E. (2010). La Economía Política del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Washington D.C.: Wilson Center, pp. 61.

[3] Medalla, E. y Lazaro, D. (2005). Trade and Environmental Protection: Another Look at the Issues. Paper prepared for the 30th Pacific Trade and Development Conference- “Does Trade Deliver What It Promises? Assessing the critique of globalization?” 19-21 February 2005, Honolulu, Hawaii.

https://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/misc/PAFTAD_30_Medalla_Lazaro.pdf
[4] Ver aquí: https://ojo-publico.com/especiales/madera-sucia/

[5] Siendo el Perú el segundo país exportador de madera en el mundo, esta debería ser una noticia alarmante; sin embargo, ésta tuvo una nula repercusión en nuestro país. Fuera de algunos portales en redes sociales e internet, casi ningún medio de comunicación masivo o importante de Lima lo ha mencionado.

[6] Ver aquí: https://www.nytimes.com/2018/12/19/us/politics/us-peru-forest-trade.html

[7] Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales adjunto a la Presidencia del Consejo de Ministros.

[8] En diez años, el gobierno estadounidense ha proveído más de 90 millones de dólares en ayuda al gobierno peruano para operaciones contra la tala ilegal.

[9] “[…] Although GDP could be quite useful as a measurement of analysis, at other times it suffers from serious limitations. A critical understanding of what it means and when it should be used or not is crucial in order to generate a truthful picture of what is being measured. A cross-country comparison by GDP would immediately suggest which country is faring better economically and which less so. A comparison of countries by GDP over a period of years would seemingly show which countries are growing most/least economically over the years measured. At face value, statistically, it would seem to generate a perfectly adequate picture (and for an initial, crude idea it would probably be sufficient). Yet if one means to scrutinise the object of investigation in an intellectually honest and nuanced way, the rather simplistic GDP measurement would be simply insufficient, which is why it is only an indicator of a country’s economy”. Cassar, D. (2016). Problematising Economic Growth: Growth without Development. The International Association for Political Science Students. A Different View. [Accesado el 21 de diciembre de 2018].

https://iapss.org/2016/01/25/demystifying-the-economic-growth-elixir-growth-without-development/
[10] Bastaría poner de ejemplo el intento (fallido hasta el momento) de venta de los activos mineros de Doe Run en La Oroya. En Julio de 2016, el gobierno de Kuczynski anunció la ‘flexibilización’ de ciertas normas ambientales concernientes a los estándares de protección de agua, aire y suelos, con el objetivo de atraer inversores extranjeros que quieran comprar la planta de La Oroya. Dos años y medio después, Doe Run estrena su cuarta firma liquidadora, mientras que no hay inversores a la vista luego de casi diez años del cese de las operaciones de la planta.

[11] Organismo del Banco Mundial con sede en Washington para la resolución de disputas entre Estados e Inversionistas extranjeros.

Fuente: El Buho