Tratados de libre comercio: El lado oscuro de las regulaciones

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Tratados de libre comercio: El lado oscuro de las regulaciones

Por Vanina Lombardi | 18-10-18

¿Para qué sirve la integración regional en tiempos de globalización? ¿Cuáles son las consecuencias de los tratados de libre comercio en América Latina? Investigadores de la Argentina, Bolivia y Chile reflexionan sobre estos acuerdos y acerca de si pueden poner en riesgo procesos democráticos.

Agencia TSS – América Latina es la región del mundo con mayor cantidad de tratados de libre comercio (TLC) firmados, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entre ellos, por ejemplo, se encuentra el Mercosur, establecido en 1991 por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Otro caso es la Alianza del Pacífico, firmada en el año 2011 por Chile, Colombia, México y Perú, y a la que Argentina ingresó en 2016 como país observador. Entre sus cláusulas, figuran otros tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, entre los que se destaca el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), considerado como un mega acuerdo comercial ya que se estima que representa el 40% de la economía mundial. El TPP fue firmado en el año 2015, tras cinco años de negociaciones, e involucra a 12 países de ambos lados del Océano Pacífico (Australia, Brunei, Canada, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos, México y Vietnam).

¿Qué implican estos acuerdos para los países que adhieren a ellos? “Los regionalismos y esquemas de integración regional están en el final de un ciclo que no dio los resultados esperados”, dijo Marcelo Saguier, director de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín(UNSAM), en una jornada de reflexión y debate organizada por la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM junto con la Fundación Friedrich Ebert, en la que se analizaron las características de los nuevos TLC, que algunos consideran como “de nueva generación” (similar al que recientemente firmaron la Argentina y Chile, que todavía no está ratificado) y que van más allá del comercio de bienes e incluyen otro tipo de cuestiones, como servicios, inversiones, regulaciones, impacto ambiental, situaciones laborales y de género, comercio electrónico y transferencia de datos.

Según las concepciones clásicas, este tipo de acuerdos buscaban propiciar el desarrollo y la diversificación productiva, así como la especialización de diversos sectores de la economía. Por eso, “pensar en tratados regionales y globalización desde ese enfoque implica preguntarse cuáles son los actores que se ven favorecidos y quiénes resultan perjudicados, y cuáles son los efectos distributivos de estos procesos, es decir, la relación entre el Estado y el mercado”, sostuvo Saguier y aclaró que la globalización, entendida con una matriz neoliberal o de librecambio, “también está en crisis y replanteándose”, lo que lleva a repensarla desde una perspectiva diferente.

“Queremos explorar cuestiones de orden interno y regulatorio de los países, que constituyen uno de los ejes en torno a los cuales se discute la integración regional, con cómo se están generando los procesos de construcción y de convergencia de marcos regulatorios”, dijo el especialista.

Gobernanza regulatoria. ¿Quién manda?

“Falta un debate sobre qué implicarán las llamadas buenas prácticas regulatorias cuando haya que hacerlas operativas porque están adentro de un TLC que obliga al Estado. Estos tratados son mucho más que arancelarios. Ya no hablamos de industria ni de impactos laborales directos, sino del impacto que puedan generar al proceso democrático liberal en su conjunto, porque establecen las reglas del juego”, advirtió la investigadora del CONICET Luciana Ghiotto, docente de la Carrera de Relaciones Internacionales en la UNSAM, y destacó que “la coherencia regulatoria tiende a homogeneizar para abajo los estándares en general: es un proceso de gobernanza regulatoria, de cuáles son las buenas prácticas para regular, y hay acuerdos por encima de los Estados que no solo indican reglas sino el proceso regulatorio en sí mismo”.

Al respecto, la especialista detalla que el mismo BID reconoce que ya existe una liberalización económica producida por la gran cantidad de acuerdos operativos en la región: “Plantean que, a partir de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y de los acuerdos de complementariedad económica, el comercio latinoamericano ya está liberalizado en más de un 90%”, dijo Ghiotto y agregó que el paso siguiente de esta estrategia sería avanzar hacia “una gran área de libre comercio de las Américas”. Para eso, el BID considera que es necesario abordar simultáneamente la ineficiencia de los marcos regulatorios (lo que llama el soft de la integración) y lo que afecta la infraestructura física transfronteriza (que incluye facilitación del comercio, logística y transporte, considerada como el hard de la integración).

Entre esos conceptos, la especialista –que también participa en la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC) y es colaboradora en The Transnational Institute (TNI)– destaca el de facilitación, que aplica tanto para el comercio como para las inversiones, que también “tiene una intervención directa en el proceso regulatorio estatal, porque establece la obligación de abrir los mecanismos regulatorios al sector privado, sea nacional o extranjero”.

Para Ghiotto, esto también influye en la definición de quiénes son los actores relevantes y las partes interesadas: “¿Son las transnacionales o una comunidad indígena, es la sociedad civil organizada junto con los sindicatos y los sectores territoriales reclamando estudios de impacto o es una compañía transnacional que no quiere que salga una regulacion?”, se preguntó la investigadora. Y agregó: “El TLC entre la Argentina y Chile es un tratado que no se refiere a aranceles, sino que habla de facilitación del comercio y dice que cada parte ofrecerá las posibilidades para que las personas interesadas vinculadas con el comercio exterior formulen observaciones sobre las propuestas de introducción o modificación de las resoluciones aduaneras de aplicación general. Aclara que en ningún caso estas observaciones resultarán vinculantes, pero el sector privado ingresa en la discusión sobre cómo se desarrollan las reglamentaciones en el sector aduanero”.

Acuerdos sin debate

Saguier ejemplificó con el tratamiento de los temas ambientales en la Alianza del Pacífico: “Figuran como esfuerzos de cooperación a través de un diálogo directo entre el sector privado y las distintas instancias de los países miembro, pero no hay idea de consulta con la sociedad civil, sino que se da directamente la construcción del marco regulatorio en temas ambientales a través del sector privado y los gobiernos”. De esta manera, “pasa como una cuestión políticamente irrelevante, lo que hace que se evite un debate de fondo sobre las implicancias distributivas, democráticas y ambientales de estos nuevos marcos regulatorios en construcción”, agregó.

El economista e investigador Carlos Bianco, de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), coincidió en que la convergencia regulatoria que plantean los organismos internacionales se refiere a “clausulas que por ahora no son vinculantes, pero que abren puertas para que cuando se hable de los actores relevantes, por ejemplo, no quieran que participen las comunidades originarias o los sindicatos”. Sin embargo, el especialista, que fue Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina de 2013 a 2015, rescata que este tipo de medidas pueden ser positivas para una integración regional, siempre y cuando sean pensadas siguiendo ese objetivo.

En este sentido, se apoya en las concepciones desarrollistas o estructuralistas que se difundieron en la región desde los años 50 y hasta poco después de 1980, según las cuales la integración económica regional con países de características similares es vista como una forma de incrementar la escala de mercado y generar procesos de aprendizaje, tanto productivos como tecnológicos, con el objetivo de avanzar en un proceso de industrialización en mercados estrechos que requieren de una escala productiva aun mayor.

“Estoy de acuerdo con los TLC con países de de la región y otros que no generen amenazas sino oportunidades. Pero estoy en contra de un TLC con la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y China, porque van a arrasar con la estructura productiva y a primarizar la economía, que terminará especializada en producciones solo vinculadas a las ventajas naturales”, adviertió el especialista y agregó que, de manera similar, también apoya la facilitación de comercio y la desburocratización de los procesos, “siempre y cuando sea del comercio que uno quiera facilitar, y eso no depende de las burocracias existentes sino que requiere definiciones políticas. Estoy de acuerdo con que haya un área de librecomercio sudamericana, y que también se vaya transformando en una unión aduanera con aranceles muy altos, lo que alguna vez se llamó fortaleza proteccionista. Si me preguntan cuál es el mejor esquema de integración argentina, digo una unión aduanera de América del Sur con una protección muy alta, no regionalismo abierto sino cerrado”, concluyó.

Vecinos abiertos y cerrados

“Chile es el país que tiene más TLC firmados en el mundo, tiene 26 con 64 países”, afirmó Patricio López, coordinador de la plataforma Chile Mejor sin TLC, y dijo que ese país cuenta con un órgano en cancillería dedicado específicamente a esta función: “Son técnicos que pasan de un gobierno a otro, que no cambian según los partidos políticos y tampoco se conocen sus nombres públicamente”, dijo el especialista.

En el extremo opuesto, Bolivia no tiene ningún TLC firmado. Solo participa en dos acuerdos regionales, en la Comunidad Andina y en ALADI. En lo que más ha avanzado en materia de comercio internacional es en inversiones extranjeras directas, lideradas actualmente por España y seguidas por Estados Unidos y Suecia, aunque todavía son escasas. “Queremos establecer acuerdos comerciales pero como socios, no con patrones”, afirmó Daniel Agramont, de la Fundación Friedrich Ebert Stifung en Bolivia, y destacó que Bolivia está dispuesta a negociar temas arancelarios pero no regulatorios: “La pérdida de soberanía no se negocia. Para Bolivia, el ser humano y la madre tierra están por encima de las negociaciones”, dijo.

source: UNSAM