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América Latina y Caribe recibió un tercio de las demandas corporativas mundiales

Por Bettina Müller, Asamblea Argentina Mejor Sin TLC | Octubre 2019

América Latina y Caribe recibió un tercio de las demandas corporativas mundiales

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Según la UNCTAD, el 29% de las 983 demandas realizadas en el mundo por corporaciones contra Estados fueron para países de la región. Se trata de 281 demandas, 14 en lo que va del año.

Demandas que no terminan

América Latina y el Caribe continúa en el ranking de ser una de las regiones más demandada por corporaciones. Recientemente la región recibió dos nuevos reclamos. El primero corresponde a Latam Hydro LLC and CH Mamacocha S.R.L. vs. Perú. Esta demanda tiene su origen en la cancelación de un permiso de construcción para una central hidroeléctrica en la región de Arequipa. En esa misma zona existe un parque protegido. Por ese motivo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú aprobó el Proyecto de Ley para la protección de la Laguna Mamacocha, para que fuera declarada de interés nacional preferente y de necesidad pública.

Ante esto, la empresa declaró que fue “defraudada” por parte de las autoridades, ya que había recibido un permiso de construcción que luego le fue retirado, e interpuso un reclamo por al menos 30 millones de dólares en concepto de indemnización.

La otra demanda es la interpuesta por Terence Highlands contra México. Se trata de una demanda de un inversor británico relacionada al servicio de transporte marítimo. Debido a que los documentos relacionados a la demanda no son públicos, aún no hay mayor información sobre el porqué del reclamo, ni la suma pretendida.

Laudo escandaloso

A las demandas abusivas de los inversores, se suma un laudo escandaloso. Es el que la petrolera Perenco ganó ante Ecuador. La demanda se originó en una decisión del Estado ecuatoriano del año 2006, como efecto del incremento de los precios internacionales del barril de petróleo.

Ante esta situación, Ecuador introdujo reformas a la Ley de Hidrocarburos (Ley No. 2006-42) y dispuso que los excedentes sobre el precio del petróleo serían participados a favor del Estado (Art. 44) en un 50% en principio y, más tarde, en un 99% (Decreto 662). Esta medida estatal, según la empresa, equivalía entre otras cosas a una expropiación de su negocio. Consecuentemente presentó una demanda ante el CIADI en 2008 y reclamó más de 1.500 millones de dólares.

A fines de Septiembre del 2019, el tribunal arbitral decidió a favor de la empresa, otorgándole 448 millones de dólares en concepto de indemnización y 23 millones de dólares en concepto de contribución a los honorarios y gastos legales de la demandante, o sea en total 471 millones de dólares.

Paga el Estado, pierden los pueblos

A pesar de haber resultado ganadora del laudo, Perenco tiene una historia de perjuicios en Ecuador. Su accionar durante su actividad en el país fue altamente nociva por distintas cuestiones que fueron detalladas en el informe de la CAITISA. Entre otras cosas, Perenco generó un desastre ambiental debido a derrames de petróleo.

Debido a la contaminación generada por la empresa, el tribunal de arbitraje le ordenó a Perenco a pagarle apenas 54 millones de dólares a Ecuador en concepto de gastos de limpieza de las zonas afectadas. No obstante, desconoció por completo el tamaño de la contaminación y los demás actos de irresponsabilidad cometidos y deslegitimó una decisión estatal a favor de la población. Todo esto demuestra una vez más que para el sistema de arbitraje, los derechos del inversor valen más que los Derechos Humanos y de la naturaleza.


 source: América Latina Mejor Sin TLC