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La injusticia minera a través del arbitraje internacional: Contrarrestando los argumentos de Kappes, Cassiday & Asociados sobre su proyecto de oro en Guatemala

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Por Earthworks | 24-8-20

La injusticia minera a través del arbitraje internacional: Contrarrestando los argumentos de Kappes, Cassiday & Asociados sobre su proyecto de oro en Guatemala

Un nuevo informe expone las omisiones y tergiversaciones en la demanda de una empresa minera estadounidense por más de 400 millones de dólares en contra del gobierno guatemalteco. Publicado hoy, La injusticia minera a través del arbitraje internacional: Contrarrestando los argumentos de Kappes, Cassiday & Asociados sobre su proyecto de oro en Guatemala, examina el intento de Kappes, Cassiday & Associates (KCA) de presionar al gobierno guatemalteco, ya sea para dar luz verde a su controvertido proyecto de oro o para compensarla por cientos de millones de dólares en ganancias futuras que la empresa tenía poca posibilidad de ganar.

“KCA compró el proyecto sabiendo que había un conflicto social y a pesar del conflicto, ellos presionaron al gobierno para que nos reprimiera. Así fue el 23 de mayo 2014 cuando logró trabajar durante 2 años,” comentó Álvaro Sandoval, miembro de la Resistencia Pacífica La Puya que ha mantenido un plantón permanente frente la entrada de la mina durante ocho años.

“KCA, su subsidiaria EXMINGUA, y las empresas canadienses que les precedieron en el proyecto minero se valieron de las debilidades institucionales y legales del Estado en materia de las industrias extractivas. Eso, junto a un gobierno corrupto y las conexiones privilegiadas, facilitó a que KCA lograra sus objetivos: cimentar su proyecto minero, pasando por encima de la oposición comunitaria, a sabiendas que una demanda internacional contra el Estado podría garantizar ganancias millonarias”, señaló Luis Solano, periodista investigativo guatemalteco y coautor del informe.

Tal como muestra el informe, KCA disfrutó de grandes privilegios en Guatemala. La empresa logró su licencia para operar a pesar de una moratoria presidencial sobre nuevos permisos mineros y un estudio de impacto ambiental con muchas deficiencias. KCA construyó la mina sin haber obtenido la licencia de construcción necesaria y a través de la represión por fuerzas estatales y de seguridad privada en contra de las comunidades bajo un gobierno corrupto. La oposición inquebrantable de la comunidad y sus acciones jurídicas lograron detener el proyecto en 2016. Con su liderazgo empresarial bajo investigación penal y su mina suspendida, KCA recurrió al sistema supranacional de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (SCIE), bajo los términos del Tratado de Libre Comercio entre América Central y la República Dominicana (CAFTA-DR) con los Estados Unidos.

“Policías antimotines atacaron a los manifestantes pacíficos, para abrir el paso para abrirle paso a la empresa y que prosiguiera sus operaciones durante un corto tiempo. En la información que ha presentado al panel de arbitraje, KCA omite cuidadosamente cualquier mención de esta violencia, más bien acusa al gobierno de Guatemala de no haber protegido lo suficiente su inversión. Da miedo pensar en los daños que las comunidades podrían haber sufrido con aún más protección de este tipo”, comentó Ellen Moore, Encargada de Campañas Internacionales, Earthworks.

La demanda de KCA es emblemática de la preocupante tendencia de las empresas mineras a utilizar el arbitraje supranacional para demandar a los gobiernos cuando sus inversiones se enfrentan a la resistencia de las comunidades afectadas. Las demandas de arbitraje como ésta son posibles gracias a los acuerdos internacionales de inversión, como CAFTA-DR, y se presentan sobre todo contra los gobiernos del Sur Global, especialmente de América Latina. El análisis de la demanda de KCA en el informe revela un sistema supranacional de arbitraje que ignora, o hasta premia los abusos corporativos por permitir que las empresas demanden a los gobiernos sobre asuntos del interés público.

“El arbitraje internacional promovido en contra del Estado de Guatemala es preocupante, pues, de condenarse al Estado, esto podría desencadenar un grave “efecto dominó” en perjuicio de las comunidades, en donde empresas extractivas extranjeras que han violentado derechos humanos acudan a un foro extrajudicial, supranacional, como lo es el CIADI con el objeto de reclamar indemnización al Estado guatemalteco por no dejarlos operar con plena libertad”, comentó abogado Carlos Martínez del Bufete Jurídico de Derechos Humanos.

“El sistema de arbitraje supranacional es evidencia de las asimetrías marcadas profundizadas por los tratados de libre comercio. Mientras que permiten a las empresas transnacionales presionar a los gobiernos con demandas perjudiciales y sin respeto para leyes o personas, las comunidades están arriesgando sus vidas para defender su agua y salud de los impactos negativos de la minería con pocas protecciones legales y amenazas constantes de violencia y persecución legal. Estos procesos de arbitraje revelan una profunda injusticia sistémica”, subrayó Jen Moore, Investigadora Afiliada, Instituto de Estudios Políticos.

FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact: Ellen Moore, Encargada de Campañas Internacionales, Earthworks emoore@earthworks.org; Tel: 202-887-1872 x128; Jen Moore, Associate Fellow, IPS, jen@ips-dc.org; Tel: 202-704-9011


 source: Earthworks