Analizar lo filtrado del capítulo de propiedad intelectual (IP) propuesto para Asociación Económica Regional Integral (AERI, mejor conocida como RCEP por sus siglas en inglés), , muestra que Japón y Corea del Sur están proponiendo previsiones de propiedad intelectual conocidas como TRIPS-plus o ADPIC-plus (si usamos sus siglas en castellano), que van mucho más allá de las obligaciones adquiridas en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad el Intelectual relacionados con el Comercio, de la Organización Mundial de Comercio.
Las previsiones propuestas, buscan extender los términos de las patentes a las corporaciones farmacéuticas, más allá de los usuales veinte años y requerirían una exclusividad de los datos que limite la competencia. Tales previsiones provocan gran preocupación entre los grupos relacionados con la salud pública, por el potencial impacto adverso sobre el acceso a medicamentos asequibles.
El RCEP también trata la IP como una inversión hecha por corporaciones inversionistas, lo que permite presentar disputas (según los mecanismos de arbitraje de querellas entre inversionistas y Estados, ISDS por sus siglas en inglés) contra un país anfitrión siempre que haya una amenaza a su Propiedad Intelectual. Que se asuma la IP como inversión, y someterla al arbitraje contemplado en el tratado, puede tener impactos indeseables en las actuales flexibilidades en las leyes de propiedad intelectual y en las salvaguardas de salud pública que costó tanto trabajo lograr y que países como India han trabajado por años.
Es más, los grupos de la sociedad civil han expresado preocupación acerca de los estándares de protección del copyright propuestos para el capítulo de PI según el RCEP, pues podrían ahogar la creatividad y la libre expresión.
El capítulo de PI filtrado, también puja por que todos los Estados miembros del RCEP ingresen a la versión 1991 del convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 1991), que sólo siete de los países que están negociando el RCEP tienen firmado. UPOV 91 contempla derechos monopólicos para los derechos de los obtentores de variedades vegetales a costa de los derechos de los agricultores, volviendo ilegal que los campesinos guarden semillas de las variedades protegidas.
Las previsiones de exclusividad de datos en el capítulo de PI pueden extender los periodos de protección de las patentes de los productos agroquímicos, lo que elevaría la presión en los precios de los alimentos.
Los gobiernos relacionados mediante el RCEP deben recordar sus compromisos nacionales, regionales e internacionales con el respecto, protección y cumplimiento del derecho a la salud, lo que incluye el derecho a contar con medicamentos asequibles. En su búsqueda de más integración económica, los países que negocian el RCEP no deben poner en riesgo las vidas y la salud de millones de personas de la región Asia-Pacífico.