RCEP & mujeres

La Asociación Económica Regional Integral (AERI o RCEP) por sus siglas en inglés, es un acuerdo comercial que impactará adversamente los derechos humanos de las mujeres en muchos y muy diferentes aspectos —el control sobre su tierra y recursos, los derechos laborales, el acceso a servicios públicos y a la acción afirmativa.

Las mujeres constituyen la mayoría del campesinado de subsistencia pero de continuo se les niega el control y el acceso a la tierra y sus recursos. Una de las previsiones propuestas en el RCEP permitirá que los gobiernos le den el mismo trato a los inversionistas extranjeros que le brindan a los locales. Esto significa que las grandes corporaciones podrán acaparar tierras, desplazar campesinos de subsistencia, especialmente a las mujeres que por lo común no tienen documentación sobre sus tierras.

También requerirá que las mujeres (que son la mayoría del campesinado de subsistencia) compitan con las grandes corporaciones agroindustriales. El capítulo de propiedad intelectual criminalizará el intercambio de semillas entre campesinos e impulsará mayor apropiación de semillas y saberes locales de las mujeres de lo que ya se ha visto en varios países comprometidos con el RCEP. Las mujeres que dependen de compartir semillas y otros insumos entre ellas pueden ser forzadas a abandonar sus fincas y correrán el riesgo de perder el control de su tierra y sus recursos, lo que impactará la soberanía alimentaria de toda su familia y su comunidad.

Las mujeres dependen bastante más que los hombres de los beneficios y servicios públicos. Cualquier recorte en los servicios públicos hará que las mujeres compensen con trabajo de cuidados no remunerado, mientras que la introducción de cuotas para los servicios públicos será pagada principalmente de los bolsillos de las mujeres pues ellas son las cuidadoras primarias en la familia. El RCEP impulsará la privatización de muchos de estos servicios, lo que dificulta que las mujeres accedan a ellos. La reducción de aranceles, por ejemplo, afectará severamente los ingresos públicos y, como resultado, también los gastos públicos. El RCEP puede también introducir nuevas leyes de propiedad intelectual que otorgarán a las compañías farmacéuticas privilegios sin restricción y propiedad sobre medicamentos, lo que disminuye el acceso a una medicación costeable para muchas personas. Las mujeres por lo común sacrifican su propio acceso a medicinas y atención a la salud en aras de proporcionarles éstos a su familia.

Las corporaciones que operan en la cadena global de valor han confiado en la devaluación del trabajo y los sueldos de las mujeres para obtener ganancias. Un acuerdo comercial como el RCEP está diseñado para facilitar mayor competitividad mercantil y mano de obra barata en los países signatarios. Es una carrera por alcanzar el fondo, sabiendo que las mujeres están hasta el fondo.

Las trabajadoras u obreras serán más vulnerables a violaciones de sus derechos laborales y a que se puje por abaratar sus salarios. Cualquier mejora salarial o en las condiciones laborales puede conducir a que las corporaciones multinacionales utilicen el Mecanismo de Arbitraje de Disputas Inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) para someter a juicio a los gobiernos en tribunales secretos si aprueban leyes que puedan perturbar los procesos de búsqueda de ganancias de las corporaciones.
Esto puede evitar que los gobiernos se comprometan con a acción afirmativa, una política reconocida por numerosos tratados y convenios internacionales de derechos humanos, incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o CETFDCM (también conocida como CEDAW por sus siglas en inglés), que requiere que los gobiernos implementen políticas y acciones para compensar o reparar cualquier discriminación experimentada por cualquiera —incluyendo a las mujeres pero sin limitarse a ellas. Las corporaciones han utilizado el mecanismo ISDS en el pasado para someter a juicio a los gobiernos cuya política de acciones afirmativas interfiera con sus ganancias.

Otra amenaza viene del acuerdo para negociar un capítulo relativo a “licitaciones gubernamentales”. Este capítulo puede significar que todas las licitaciones de los gobiernos, aparte de las relacionadas con la defensa, deben tratar a los inversionistas extranjeros igual que a las industrias locales a las que deben evitar brindarles preferencia.

Esto significa que los incentivos exclusivamente diseñados por los gobiernos para beneficiar a las mujeres, tales como la reducción de impuestos agrarios a las mujeres terratenientes, o para procurar ciertos artículos de las mujeres locales, está prohibido a menos que también se extienda tal consideración a los inversionistas extranjeros.

Aporte de Diyana Yahaya, APWLD (abril de 2018)