Perú perderá US$ 2 mil millones por decreto de PPK

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Por Expreso |

Perú perderá US$ 2 mil millones por decreto de PPK

César Gutiérrez advierte que con el DU 001 - 2017 también se favorecerá a Odebrecht y a Graña y Montero

“El Perú perderá el arbitraje internacional por el Gasoducto del Sur”, lo que significará una pérdida de más 2 mil millones de dólares, advirtió César Gutiérrez, ex presidente de Petroperú y experto en hidrocarburos al recordar la demanda que interpuso Enegas, propietaria del 25 % de acciones del consorcio Gasoducto del Sur Peruano (GSP), integrado por Odebrecht, en un 55 %, y Graña y Montero, con un 20 %, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Sin embargo, el presagio de Gutiérrez no quedó ahí y explicó una de las razones que aumenta la probabilidad de la derrota peruana: el Decreto de Urgencia 001 -2017, suscrito por Pedro Pablo Kuczynski y y sus ministros Fernando Zavala, como premier; Alfredo Thorne, como titular de Economía, y Gonzalo Tamayo, de Energía Minas.

Esta norma se publicó justo cuando estaba a punto de cumplirse el plazo para la caducidad de la licitación del proyecto del Gasoducto del Sur, lo que significaba que el consorcio GSP debía abandonar el terreno y llevarse sus equipos.

TRANSFERENCIA

Sin embargo, la resolución, de enero de 2017, que indica que tenía como objetivo “dictar medidas urgentes y excepcionales necesarias para preservar el valor de los bienes de la concesión del proyecto ‘Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano’”, significó un mensaje de esperanza del gobierno para el consorcio GSP.

El decreto además encargó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) la contratación de la empresa que tenía a su cargo la administración, en representación del Estado Peruano, de los bienes de la concesión.

Para el experto en asuntos energéticos, este decreto significó abrir la caja de Pandora, pues el Estado asumía, por sí y ante sí, la responsabilidad del proyecto del gasoducto y se quedaba con los equipos dejados por el consorcio.

De esta manera, el GSP no se preocupaba siquiera de remover ni transportar sus equipos que quedaron a buen recaudo e incluso con un poco de espera puede recuperar con creces su inversión, con mayor razón si el gasoducto no está entre los cuatro proyectos en los cuales Odebrecht aceptó haber dado sobornos, según el acuerdo de colaboración firmado con autoridades peruanas.

“Lo que está diciendo el Estado es: ‘voy a enajenar los bienes del gasoducto y los voy a administrar’, con lo que da pie a que el consorcio entienda que el Estado se compromete a entregar el monto de los bienes en el plazo máximo de un año; y, si no lo vendía a un tercero, el Estado se obligaba a pagar el 72.25 % del valor contable netos de los bienes”, explicó Gutiérrez.

ADMINISTRADOR DE LOS BIENES

Con esa resolución, se reconoce, añade Gutiérrez, un valor a los bienes que dejaba el concesionario, pues la otra posición era que, terminada la concesión, el consorcio se debió llevar sus equipos y bienes y licitar el proyecto de nuevo.

“El Estado hace suyo esto; el plan B era: ‘ya se acabó, llévate tus tubos, compresores, yo ya no tengo nada que ver contigo’; pero se tomó esa opción. Es más, de la carta fianza que se había cobrado US$ 280 millones al consorcio, dice: tómese el dinero para la administración de esto; se paga 47 millones de dólares y se contrata a una empresa para que haga la administración de los bienes”, explicó Gutiérrez.

Se debe indicar que en abril de 2017, el comité encargado del proceso de selección otorgó la buena pro para custodiar y administrar por un año los bienes del gasoducto a la colombiana Estudios Técnicos S.A.S. que presentó una oferta económica de US$ 46’899,003; Gutiérrez señala que con el gobierno de Martín Vizcarra ya se renovó el contrato.

CAMBIO DE OPINIÓN

Sin embargo, con el cambio de ministros en la cartera de Energía y Minas –sale Gonzalo Tamayo e ingresa Cayetana Aljovín en julio de 2017– el gobierno cambia de posición y dice que el consorcio debe retirar sus bienes.

Esta situación generó el rechazo de la española Enagas que inició un trato directo con el gobierno, como paso previo a llevar el tema en arbitraje al Ciadi.

“Enagas representa el 25 % de un consorcio y están reclamando US$ 511 millones; entonces el impacto es que si Enagas gana –y hay razones para pensar que lo ganarán– las otras empresas integrantes del consorcio reclamarán también el mismo derecho y eso se convertirá en, al menos, el pago por parte del Estado peruano de US$ 2 mil millones”, señaló el ex titular de la empresa petrolera del Estado.

Ahora bien, el contrato con Estudios Técnicos venció en mayo de 2018 y el gobierno de Vizcarra se lo ha renovado, reiteró.

RESPONSABILIDADES

Para César Gutiérrez, no solo hay una responsabilidad política por la esperada derrota en el Ciadi por parte del entonces presidente Kuczynski, de su jefe de Gabinete, Fernando Zavala, y de sus ministros de Economía, Alfredo Thorne, y de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

También hay una responsabilidad penal, pues, a decir de Gutiérrez, se configuraría la figura de negociación incompatible.

“Ahí hay una responsabilidad de haberle creado una contingencia al Estado que terminará el 2020 o el 2021 ejecutándose”, dice.

ALINEACIÓN

Según el experto, este decreto de urgencia estuvo alineado con una declaración que realiza la empresa Graña y Montero, ante la Bolsa de Valores de Lima, en las proximidades de la caducidad de la concesión en enero de 2017 y el valor de las acciones de G&M habían caído a mínimos históricos.

Gutiérrez recuerda que por entonces la empresa anuncia que ellos recuperarían al menos, precisamente, el 72.25 % de la inversión en el gasoducto.

Lo que terminaría confirmándose gracias al DU 001-2017.

Para Gutiérrez, esta situación exige una investigación por parte de la Fiscalía para evaluar si se configura la figura delictiva de negociación incompatible.

“Una de las formas de mirar esto, es decir, que hay una especie de protección a Graña y Montero, y eso podría configurar la figura de negociación incompatible del Consejo de Ministros en pleno y del propio Kuczynski”, señaló Gutiérrez.

Compromiso con Enagas

Como para la firma del contrato sobre el gasoducto las reglas exigían un “operador internacional calificado”, y Odebrecht no tenía esta condición, se vio obligada a recurrir a Enagas, que sí es calificado. Pero por previsión, esta firma española habría hecho firmar un documento por el que si se encontraba alguna ilegalidad o actos de corrupción, Odebrecht se comprometía a pagar todos los daños y perjuicios a Enagas.

Cronología:

23 enero de 2017: Vence el plazo financiero, lo que promueve la disolución del contrato que la concesionaria del proyecto Gasodcuto del Sur mantiene con el Estado.

31 de enero de 2017: Decreto de Urgencia 001-2017.

28 de abril de 2017: Osinergmin informó que la empresa Estudios Técnicos S.A.S. obtuvo la buena pro para custodiar y administrar temporalmente los bienes del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), tras el proceso de adjudicación que se llevó a cabo ese día.

13 de octubre de 2017: El acta para acordar los términos para la entrega de los bienes del proyecto Gasoducto del Sur al Estado peruano –en cumplimiento al Decreto de Urgencia 001-2017– fue firmado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Gasoducto Sur Peruano S.A. (GSP). A través del documento, el Minem recibe los bienes en calidad de posesión para custodia y conservación a través de la empresa Estudios Técnicos S.A.S., administrador contratado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

SI SE COMPRUEBAN SOBORNOS, TODO PUEDE PASAR A MANOS DEL ESTADO

“Hay cláusula anticorrupción en el contrato con Odebrecht”

“Esta es la razón por la que en el caso del gasoducto los de Odebrecht nunca van a aceptar sobornos”, afirma Manuel Romero Caro.

Uno de los expertos en contrataciones del Estado, Manuel Romero Caro, ha reiterado sobre la improbabilidad de que no haya habido un acto de corrupción en el Gasoducto del Sur.

Como es público, este tema del gasoducto no se ha investigado como es debido por los fiscales del caso Lava Jato, que han estado más interesados en los aportes a las campañas de los partidos políticos en el Perú, que no pasan de 10 millones de dólares, que en la sobrevaloración de las obras, donde hay miles de millones de dólares en juego, o en los sobornos a las altas autoridades, donde también habría corrido mucha plata.

Para el citado economista, las consorciadas Enagas y Graña y Montero estaban fuera de juego desde que Odebrecht no pudo conseguir los recursos (el cierre financiero) que tuvo como fecha el 23 enero de 2017.

Ahí se acabó el proyecto del gasoducto en medio del escándalo del caso Lava Jato y vino la rescisión del contrato. En consecuencia, Enagas y Graña y Montero solo tenían derecho a que se les pague el 72.25 % del valor contable, menos los gastos incurridos para realizar una eventual nueva subasta.

El fracasado proyecto de Odebrecht, según Romero Caro, estuvo plagado de graves irregularidades y tal vez algunos delitos, como el “estar groseramente sobredimensionado, sin siquiera contar con un estudio de mercado”, o el haberse reunido [Jorge Barata], “antes del otorgamiento de la buena pro, con los funcionarios de Proinversión encargados de la licitación”,

Pero también “es necesario tener en cuenta que el del gasoducto es el único contrato con una cláusula anticorrupción que establece que si hubiera delitos de esta naturaleza, los bienes y servicios de Odebrecht pasarían a manos del Estado peruano”, afirma.

“Esta es la razón por la que en el caso del gasoducto los de Odebrecht nunca van a aceptar sobornos. Lo contrario sería una catástrofe para los acreedores, que deben haber tomado en prenda los equipos que en la actualidad administra el Estado”, dijo el experto en declaraciones a EXPRESO.

source: Expreso